Armas cerebrales

Cuando Michael Crowley, investigador de la Universidad de Bradford, soltó la frase «suena a ciencia ficción, pero el peligro es que se convierta en ciencia real», lo que en realidad estaba diciendo es que los gobiernos podrían estar bastante cerca de usar fármacos potentes como armas para sedar, confundir o incapacitar a grupos masivos de personas. Y aunque parezca sacado de una película de espías futurista, lo inquietante es que no está hablando de implantes cibernéticos ni de cascos zombificadores, sino de sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, algunas de las cuales ya existen.

Junto a su colega Malcolm Dando, también de Bradford, Crowley acaba de publicar una advertencia que ha circulado por The Guardian alertando sobre lo que denominan «brain weapons»: armas que podrían alterar masivamente la mente de poblaciones enteras. No es el primer aviso sobre esto. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética investigaron sustancias incapacitantes, y más recientemente China ha mostrado interés en programas similares. Lo que ha cambiado es que los avances en neurociencia, farmacología e inteligencia artificial están haciendo que estas herramientas sean más precisas, más accesibles y, para algunos estados, más tentadoras.

El ejemplo más claro de por qué deberían importar estos advertencias llegó en 2002, cuando fuerzas rusas usaron un aerosol derivado del fentanilo para neutralizar a secuestradores en el teatro Dubrovka de Moscú. Técnicamente funcionó: todos quedaron inconscientes. Pero en la práctica fue un fracaso: más de ciento veinte rehenes murieron por efectos adversos del compuesto. Eso debería ser suficiente para entender que la línea entre sedado y muerto es más fina de lo que cualquier manual militar quisiera admitir.

Aquí está el verdadero problema: no hay regulación internacional clara sobre estas sustancias. La Convención de Armas Químicas prohíbe agentes tóxicos que causen muerte o incapacidad, pero cuando los científicos hablan de sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central para fines «policiales» o de «seguridad interna», existe un agujero legal donde los gobiernos pueden argumentar que no están violando la convención, que solo están usando herramientas de control de disturbios. El OPCW ha estado trabajando en cerrar esa brecha mediante protocolos más claros y definiciones específicas, pero los estados no logran ponerse de acuerdo.

Lo que Dando subraya es que el mismo conocimiento que nos permite tratar trastornos neurológicos podría usarse para interrumpir la cognición, inducir sumisión, o incluso convertir a personas en agentes involuntarios. No es que mañana vaya a haber escuadrones de zombis bajo control remoto (la realidad es más prosaica y a la vez más incómoda), sino que gobiernos podrían experimentar con sedantes potentes en operaciones locales sin que nadie sepa si eso está permitido por la ley internacional.

Lo que Crowley y Dando proponen es cambiar de un modelo reactivo a uno proactivo: gobernanza anticipada que defina estas sustancias explícitamente, establezca monitorización rigurosa, y cierre el resquicio legal antes de que alguien encuentre demasiados incentivos para explotarlo. No es una revelación sobre armas secretas ya operativas, sino una campaña para que ese tipo de armas nunca lleguen a existir de verdad. La diferencia entre precaución sensata y paranoia, dicho de otro modo, es si cierras la puerta antes o después de que alguien intente entrar.
Fuente: Guardian



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