Confinamientos para apaciguar protestas
El canal «Un abogado contra la demagogia» ha publicado recientemente un vídeo que plantea una hipótesis inquietante: las pandemias podrían estar siendo utilizadas como herramienta para acallar movimientos de protesta a escala global. La propuesta conecta el auge de manifestaciones en 2019, la llegada del COVID-19 que «silenció» las calles, y las recientes declaraciones de Úrsula von der Leyen sobre una posible nueva crisis sanitaria, justo cuando resurgen las protestas en Francia y Nepal. Es una teoría que merece ser examinada con rigor, especialmente viniendo de un divulgador que suele ser meticuloso en sus análisis jurídicos, aunque quizá menos preciso cuando se aventura fuera de su área de especialización.
Empecemos por lo que sí es cierto: 2019 fue, efectivamente, «el año de las protestas». Hong Kong con sus paraguas y exigencias de democracia, Chile con sus estudiantes y la revuelta por el precio del transporte y la desigualdad, Líbano con su gente en las calles contra la corrupción, Barcelona con el procés y tensiones independentistas, Irak con su hartazgo por la corrupción y la falta de servicios básicos… No me lo estoy inventando yo, ni se lo inventó el autor del vídeo. The Economist lo documentó como un pico histórico de movilización social, y el Center for Strategic and International Studies (CSIS) predijo que la cosa seguiría en 2020 por causas estructurales muy reales: desigualdad creciente, abusos de poder, coste de vida disparado y déficits democráticos que no paraban de crecer.
Entonces llegó marzo de 2020. La OMS declaró la pandemia el día 11, y sí, hubo un frenazo en seco de las protestas, lo cual tiene todo el sentido del mundo: confinamientos, toques de queda, miedo al contagio. La gente no salía ni a comprar el pan, imagínate a protestar. Sin embargo, pese a ese parón inicial, los datos de ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) muestran que 2020 terminó registrando más eventos de protesta que 2019 a escala global (según ACLED, las protestas aumentaron un 7 % en comparación con 2019, y se mantuvieron altas en los años siguientes).
¿Cómo puede ser? Pues porque emergieron movimientos masivos como Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd, y porque la gente se las ingenió para protestar de otras maneras: protestas en coche, manifestaciones con distancia social, y sí, también protestas específicamente contra las restricciones y las vacunas en muchos países. La literatura científica es clara al respecto: las epidemias reconfiguran los repertorios de acción colectiva, no los extinguen. El malestar sigue ahí, esperando el momento de volver a las calles.
Avancemos al presente. Francia lleva una semana que arde con las movilizaciones del movimiento «Bloquez todo» (hartazgo social, coste de vida por las nubes, reformas que no gustan, clima político crispado). En Nepal la cosa es aún peor: una prohibición de redes sociales fue la chispa que prendió un malestar que llevaba años acumulándose (corrupción, falta de oportunidades, desigualdad generacional), desembocando en muertos, edificios gubernamentales incendiados, dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli y toque de queda con el ejército patrullando Katmandú.
Según la teoría conspirativa, este sería el momento perfecto para promover una nueva alerta sanitaria que mantenga a la población en casa, reduzca las protestas y rebaje la tensión social; una idea que Aitor Guisasola, autor del blog «Un abogado contra la demagogia», sugiere y que, según esta narrativa, encontraría en Úrsula von der Leyen la figura idónea para anunciarla. En su discurso del Estado de la Unión del 10 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea afirmó: «Estamos al borde —o incluso al comienzo— de otra crisis sanitaria global». Lo dijo en el contexto de una agenda para reforzar la resiliencia sanitaria de la UE y combatir la desinformación. Es una advertencia política y programática, no un anuncio de confinamientos inminentes, y desde luego no la vinculó con las protestas de París, Nepal o cualquier otra parte del mundo. Tomar esa frase como «prueba» de una maniobra para silenciar protestas es hacer un salto mortal sin red de seguridad.
JUST IN – Ursula von der Leyen: «we are on the brink, if not even at the start, of another global health crisis,» EU announces a new global health resilience initiative to combat «disinformation.» pic.twitter.com/gTJpsAax1M
— Disclose.tv (@disclosetv) September 10, 2025
Ahora bien, seamos justos: ¿pueden los gobiernos usar emergencias sanitarias para limitar protestas? Por supuesto que sí, y ha pasado. Durante la pandemia de COVID-19, Amnistía Internacional documentó casos en 60 países donde las fuerzas del orden cometieron abusos contra los derechos humanos con el pretexto de combatir el virus. En España, el estado de alarma impuso restricciones que el Tribunal Constitucional declaró posteriormente inconstitucionales por exceder lo permitido legalmente. En Irán, las fuerzas de seguridad usaron munición real contra protestas en prisiones… Human Rights Watch documentó cómo autoridades atacaron, detuvieron y procesaron a críticos, dispersaron protestas pacíficas y promulgaron leyes imprecisas para criminalizar expresiones críticas. Pero una cosa es aprovechar una crisis real para restringir derechos (con sus inevitables abusos y excesos), y otra muy distinta es afirmar que se «provoca» o «se inventa» una pandemia específicamente para acallar protestas. Para sostener semejante afirmación necesitarías evidencias sólidas, y más si las dice un abogado en un canal serio, y no un chiflado en un canal de gente rara.
Un nuevo confinamiento puede frenar momentáneamente las protestas, pero no hay que olvidar que los ciudadanos ya han pasado por esto, y el elemento sorpresa de 2020 ya no está presente. Si los gobiernos forzasen un nuevo toque de queda, las protestas estallarían con más virulencia aún. Si los políticos son inteligentes, no volverán a repetirlo en el corto y medio plazo. Pero ahora que releo esta última frase, me empezó a preocupar. Porque los políticos no son inteligentes. Todo lo contrario.
