Hantavirus en el Hondius: lo que sabemos del virus y lo que el Gobierno no quiere explicar

Hay dos formas de contar lo que está pasando con el MV Hondius. La de La Moncloa: marcos internacionales, espíritu humanitario, coordinación con la OMS, catorce españoles a bordo. La otra es mirar lo que hay debajo: una decisión política tomada con poca transparencia, comunicada peor y blindada detrás de organismos internacionales para no asumir su coste. Este artículo va de lo segundo, pero antes hay que entender el virus, porque sin eso el resto se discute mal.

«Hantavirus» no es un único virus. Es un grupo de orthohantavirus que provoca dos síndromes en humanos: la fiebre hemorrágica con síndrome renal, típica de Europa y Asia, y el síndrome cardiopulmonar, típico de América. La OMS reconoce más de veinte especies. Y la diferencia entre unas y otras es enorme: la Puumala europea tiene letalidad inferior al uno por ciento, mientras que el virus Andes, que circula por Argentina y Chile, llega al 35-50 por ciento. Cuando alguien dice «el hantavirus mata al treinta por ciento», o no sabe lo que dice o está omitiendo el dato decisivo: de qué hantavirus habla.

El brote del Hondius es por la cepa Andes. Eso merece atención, pero no por las razones que circulan en redes. No vamos camino de una pandemia. El ECDC evalúa el riesgo para la población europea como muy bajo y dice expresamente que no se espera transmisión extensa. La OMS dice lo mismo. Lo que justifica la atención es que el Andes es el único hantavirus para el que las agencias oficiales aceptan transmisión limitada entre humanos, y aun así requiere contacto estrecho y prolongado. La cifra disponible viene del brote argentino de Epuyén en 2018-2019: número reproductivo de 2,12 (un enfermo contagia a 2,12 personas) antes de las medidas y 0,96 después. El Andes puede encadenar contagios en condiciones de proximidad intensa, pero las medidas clásicas de salud pública lo controlan. No es un virus pandémico.

A partir de aquí empieza el problema con el Gobierno español. El Ejecutivo ha tenido un guion ideal: agencias internacionales evaluando el riesgo como bajo, evidencia disponible, marco jurídico claro y capacidad sanitaria sobrada. Lo que ha hecho, sin embargo, es una gestión técnicamente correcta y políticamente lamentable. Vamos por partes.

El primer problema es que nadie da explicaciones. No existe, al menos públicamente, una matriz comparativa que justifique por qué Canarias y no Madeira, Marruecos, la península o un puente aéreo directo desde Cabo Verde. No es que ese análisis sea reservado: es que no aparece por ningún lado. Y una decisión así, opaca, antinatural, que abre un conflicto con un gobierno regional, no es algo improvisado. Es intencional. No estamos hablando de una decisión meditada, sino de una imposición. El Gobierno invoca como base jurídica el artículo 28 del Reglamento Sanitario Internacional, no el 44 que citó Marlaska por error. Y este artículo aplica sobre la posibilidad de acoger el buque, no sobre la obligación de hacerlo. La diferencia entre lo posible y lo obligatorio es exactamente el espacio donde vive la responsabilidad política.

Y aquí toca formular en voz alta una hipótesis que el Gobierno no va a confirmar, pero que el lector tiene derecho a sopesar. Sánchez lleva años cultivando una presencia internacional que excede lo que requiere su cargo: cumbres climáticas, foros multilaterales, viajes africanos, presencia activa en la OMS durante la pandemia, mediación en Oriente Próximo, tribunas en organismos onusianos. Es una hoja de ruta compatible con el deseo de aterrizar, llegado el momento, en alguna institución internacional de relieve. Y la dirección general de la OMS, que volverá a estar en juego cuando termine el mandato actual de Tedros Adhanom, encaja con ese perfil mejor que la mayoría de las alternativas disponibles para un exjefe de Gobierno español. ¿Es descabellado pensar que ofrecer España como solución sanitaria global a una crisis que la OMS estaba pidiendo gestionar forme parte de esa construcción curricular? No es una acusación, es una pregunta legítima. Y la falta de transparencia del Ejecutivo la alimenta más de lo que la desactiva. Si la decisión hubiera ido respaldada por una matriz pública de alternativas y por una explicación clara de por qué España, voluntariamente, ofrece sus capacidades para una operación internacional, el debate sería otro. La opacidad no demuestra que haya cálculo personal detrás. Pero impide demostrar que no lo haya, y esa carga la asume quien gobierna.

El segundo problema es el desprecio al Gobierno de Canarias. Fernando Clavijo (Coalición Canaria) se enteró por los pasillos. La ministra de Sanidad le habló brevemente el martes antes del Consejo de Ministros, y según el propio Clavijo lo que se le dijo entonces era que los pasajeros serían evacuados desde Cabo Verde, no que el buque vendría a Tenerife. La decisión cambió, pero la comunicación con Canarias no acompañó al cambio. Es Clavijo quien tuvo que pedir reunión urgente. Son los servicios jurídicos canarios los que reclamaron informes que no llegaban. Es el Parlamento autonómico el que terminó sabiendo del operativo a la vez que la prensa. Eso no es coordinación: es notificación tras los hechos. Y el sistema autonómico no es un favor que el Gobierno central hace cuando le apetece.

El tercer problema es el uso instrumental de la OMS. El Ejecutivo lleva una semana repitiendo que «la OMS solicitó a España acoger el buque» como si esa solicitud fuera una orden vinculante. No lo es. La OMS coordina y recomienda, pero las decisiones de admisión de buques las toman los Estados. Cuando el Gobierno apela al paraguas internacional para no reconocer que tomó una decisión política propia, descarga el coste sobre un actor que no se presenta a elecciones y sugiere falsamente que España no tenía margen. Lo tenía. Si la decisión es buena, hay que defenderla con nombre y apellidos.

El cuarto problema es la improvisación, vendida como prudencia. Durante días el plan público era que el Hondius atracaría en Granadilla. Cuando empezó la presión, el plan cambió: el barco solo fondeará y los pasajeros serán evacuados en lanchas hasta el aeropuerto. Moncloa explica el cambio diciendo que el fondeo «ya estaba contemplado por las características técnicas del puerto, que no está preparado para desembarco de personas». Si era así, ¿por qué se anunció durante días que el buque atracaría? O Granadilla estaba preparado y ahora resulta que no, o no lo estaba y se anunció igual. Ninguna de las dos opciones es buena. Y ninguna ha sido aclarada con un informe técnico público.

El quinto problema, y quizá el más feo, es el uso emocional de los catorce españoles. La afirmación de que España «tiene el deber» de acoger el buque por esos catorce ciudadanos es tramposa. El deber consular podría haberse cumplido con un puente aéreo desde Cabo Verde, como se hizo con los sintomáticos. La decisión de acoger todo el buque, con tripulación holandesa y pasaje de varias nacionalidades, no se justifica por la presencia de los catorce, sino por la falta de capacidad de Cabo Verde y por la conveniencia logística europea. Mezclar las dos cosas y presentar la operación entera como gesto patriótico es manipulación.

El plan operativo, cerrado hoy viernes, contempla la llegada del crucero el domingo a mediodía, evaluación clínica a bordo y repatriación inmediata en tres aviones: español, británico y estadounidense. Los catorce españoles van al Gómez Ulla bajo seguimiento epidemiológico. Las autoridades barajan «guaguas burbuja» (autobuses sanitarios) para evitar contacto exterior. Ningún pasajero a bordo presenta síntomas desde el 28 de abril. Los sintomáticos fueron evacuados antes. El recuento oficial está en cinco contagios confirmados por laboratorio sobre ocho casos vinculados, con tres fallecidos. Hay frentes paralelos abiertos: los treinta pasajeros que desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril, una azafata holandesa hospitalizada en Ámsterdam y ocho contactos identificados por Francia. El dispositivo sanitario es serio. Lo que no funciona es el político.

La gestión técnica probablemente saldrá bien. Si el domingo todo va como está previsto, en quince días estaremos hablando de otra cosa. Pero el coste político de cómo se ha tomado y comunicado la decisión va a quedar. Un Gobierno que blinda decisiones soberanas detrás de organismos internacionales, que no publica matrices comparativas, que comunica al territorio afectado tras los hechos, que cambia el operativo sin explicación documentada y que envuelve la operación en bandera para esquivar el debate, es un Gobierno que trata a la ciudadanía como espectadora. Y eso, a la larga, hace más daño que el hantavirus. La confianza institucional no se reconstruye con ruedas de prensa. Se reconstruye publicando los informes que hoy se omiten y explicando con nombre propio las decisiones que hoy se esconden detrás de Ginebra y Bruselas. Mientras tanto, el ruido lo van a llenar otros, y el Ejecutivo no tendrá derecho a quejarse cuando lo que ocupe el silencio sean teorías que él mismo ha permitido que crezcan. Y no os preocupéis. De esto no vais a morir.

Fernando Simón, sobre el hantavirus: «No creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto»pic.twitter.com/d2cpg01cst

— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 5, 2026

Eeeeeeeh… ¡Espera!