La ley Schumer–Rounds: lo que es, lo que no es y lo que Maussan quiere que creas

En julio de 2023, los senadores Chuck Schumer (demócrata) y Mike Rounds (republicano) presentaron en el Senado de los Estados Unidos una enmienda ambiciosa a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2024. Su nombre formal: Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023, aunque se la conoce coloquialmente como «la enmienda Schumer–Rounds». Su propósito era aparentemente sencillo, pero en el fondo enormemente disruptivo: establecer la presunción legal de que toda la información gubernamental relacionada con fenómenos anómalos no identificados (UAP) debía ser publicada, salvo excepciones muy justificadas.

El texto incluía medidas inéditas. Proponía la creación de un consejo revisor independiente con autoridad para decidir qué documentos se divulgarían y cuáles podrían aplazarse por razones de seguridad nacional. También otorgaba al gobierno poder de dominio eminente sobre tecnología no humana en posesión de contratistas privados. Además, exigía que toda la documentación histórica y reciente sobre UAP (lo que de siempre hemos llamado OVNIs) se entregara a los Archivos Nacionales para su futura publicación, siguiendo un calendario organizado de divulgación.

Pero aquel proyecto no prosperó tal como fue concebido. En la tramitación del NDAA, muchos de sus puntos clave fueron eliminados o debilitados. Desapareció el consejo revisor, se retiró la figura del dominio eminente, y la obligación de entrega de documentos quedó en manos de las agencias federales, sin un órgano externo que fiscalizara el proceso. El resultado fue una versión descafeinada, aprobada con gestos simbólicos pero sin los mecanismos reales de control que contenía el borrador original.

Ahora, en julio de 2025, Schumer y Rounds han decidido volver a la carga. Han reintroducido la ley como enmienda SA 3111 al nuevo proyecto de NDAA 2026. ¿Por qué ahora? Porque hay una percepción creciente —tanto en el Senado como en parte de la sociedad— de que los mecanismos actuales de transparencia en torno a los UAP son insuficientes, y de que los intereses privados podrían estar bloqueando la desclasificación de información relevante. También porque el momento político, con elecciones presidenciales a la vista, vuelve a situar el fenómeno en el centro del debate público.

¿Tiene posibilidades de salir adelante esta vez? Difícil decirlo. Por un lado, el texto cuenta con respaldo bipartidista y ha sido diseñado incorporando las lecciones del fracaso anterior. Por otro, los sectores más conservadores del Senado y los organismos de seguridad nacional mantienen sus reservas. Lo más probable es que vuelva a haber negociaciones que lo desdibujen, pero no puede descartarse que parte de su contenido sobreviva.

¿Qué tipo de material podría desclasificarse si se aprobara tal como está? Archivos históricos del Departamento de Defensa, informes de avistamientos registrados por pilotos militares, contratos con empresas privadas relacionadas con ingeniería inversa, o incluso registros fotográficos y de radar. También cabría esperar la publicación de documentos vinculados a programas oscuros o de acceso restringido, aunque siempre bajo criterios de protección de fuentes y tecnología sensible.

El impacto potencial sería doble. Por un lado, permitiría esclarecer décadas de rumores, con lo que eso supondría para la credibilidad institucional. Por otro, abriría la puerta a demandas judiciales, reclamaciones por encubrimientos, y quién sabe si incluso a debates sociales de más calado sobre la naturaleza del fenómeno y nuestra comprensión de la tecnología.

¿Y qué dice Trump de todo esto? Durante su primer mandato no mostró especial interés por el tema, más allá de declaraciones superficiales. En la campaña de 2024 prometió que, si volvía al poder, desclasificaría información sobre OVNIs, pero sin comprometerse con ninguna legislación concreta. Desde que retomó la presidencia, no ha hecho declaraciones públicas vinculadas a la enmienda Schumer–Rounds ni ha respaldado formalmente su contenido. Hasta ahora, su postura es ambigua: favorable en abstracto, pero ausente en los hechos.

Eso no ha impedido que algunos intenten vincularlo artificialmente a esta iniciativa. El 28 de julio de 2025, en el canal Maussan Televisión, se difundió un clip de una entrevista que Trump concedió al pódcast Impaulsive, conducido por Logan Paul, grabada en junio de 2024, cuando aún no había sido investido presidente. En el video, Trump afirma que cree que «podría haber otras civilizaciones ahí fuera», y que «hay gente que dice que ha visto cosas». No menciona la ley Schumer–Rounds, ni hace referencia alguna a documentos o planes de desclasificación.

Sin embargo, el montaje de Maussan omite la fecha de la grabación y presenta el testimonio como si fuese reciente y con valor institucional, cuando en realidad Trump hablaba como ciudadano y candidato. El tono es informal, más próximo al guiño de campaña que a una revelación. Se trata, en definitiva, de otro ejemplo clásico de cómo los entornos sensacionalistas reescriben el pasado inmediato para adaptarlo a su narrativa. Como si una frase suelta en una charla de youtubers bastase para dirigir la política de seguridad nacional de Estados Unidos.

No, Trump no está impulsando esta ley. No, el video no es de ahora. Y no, una declaración personal de 2024 no equivale a una decisión presidencial. Si algo puede llevarnos a una mayor transparencia sobre los UAP, será —paradójicamente— una ley promovida por dos senadores que representan partidos opuestos, no por un clip manipulado sacado de contexto en un canal de ovnilogía.