Pegasus, Ceuta, Marruecos: las piezas que empiezan a encajar

Hay historias que llevan años flotando en el ambiente sin llegar nunca a confirmarse del todo. La relación entre Pedro Sánchez y Marruecos es una de ellas. Durante mucho tiempo, cualquiera que insinuara que Rabat podía tener algún tipo de influencia sobre el Gobierno español gracias a información obtenida de forma ilícita se topaba con una respuesta razonable: no hay pruebas. Esta semana, esa respuesta empieza a sonar más débil.

Un hackeo que sigue sin explicación
El punto de partida es un hecho ya confirmado judicialmente: en mayo de 2021 el teléfono oficial de Pedro Sánchez fue infectado con el software espía Pegasus. La Audiencia Nacional documentó la extracción de varios gigabytes de datos en pocos días. Lo que nunca se ha sabido, ni entonces ni ahora, es qué contenía exactamente esa información, ni quién ordenó el ataque. La causa judicial terminó archivada a comienzos de este año porque Israel, donde tiene su sede la empresa NSO Group (creadora de Pegasus), no facilitó la cooperación necesaria para identificar al cliente que activó la herramienta contra el móvil del presidente.

Marruecos siempre ha estado en la lista de sospechosos, aunque nunca ha sido señalado con pruebas concluyentes. Lo que sí ha ido creciendo con los años es el indicio circunstancial: investigaciones periodísticas (la más reciente, de Le Monde, con documentos internos de NSO Group y el testimonio de un antiguo agente de los servicios marroquíes) apuntan con cada vez más fuerza a que Rabat fue, en efecto, cliente de Pegasus.

Aquí es donde el calendario empieza a resultar incómodo. El hackeo se produjo en plena crisis diplomática por Ceuta, en mayo de 2021. Diez meses más tarde, en marzo de 2022, España dio un giro histórico en su política exterior: Sánchez reconoció por escrito el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la propuesta «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, rompiendo décadas de posición española.

Que una cosa ocurriera después de la otra no demuestra que exista una relación causal. El Gobierno siempre ha defendido que aquel giro respondió a un cálculo estratégico: estabilizar una relación vital para España en materia migratoria, antiterrorista y comercial. Es una explicación plausible. Pero la secuencia temporal, robo de información sensible primero, cambio de postura estratégica después, es exactamente el tipo de coincidencia que cualquier persona razonable tiene derecho a cuestionar, sin necesidad de caer en la teoría de la conspiración.

Entra en escena un actor inesperado: JabaROOT
El nombre puede sonar a personaje de videojuego, pero JabaROOT es un colectivo de hackers que lleva desde 2025 protagonizando una guerra digital entre actores marroquíes y argelinos. Aunque en un principio pareció un grupo próximo a Argelia, una investigación de Le Monde señala que detrás de sus filtraciones más recientes podrían estar antiguos miembros de la DGST ,el servicio de inteligencia interior marroquí, actualmente exiliados en Europa.

Su golpe más sonado ha sido la difusión de una base de datos que, según el propio grupo, contiene información de unos 70.000 miembros de los servicios de seguridad marroquíes. Conviene ser prudentes con esa cifra: medios marroquíes que han analizado los archivos sostienen que buena parte de los nombres corresponde a policías convencionales y que parte del material podría ser una reciclaje de filtraciones anteriores. Ni hay que tragarse la cifra sin más, ni conviene descartar el conjunto como un montaje: hay indicios sólidos de que se trata de material interno auténtico.

Y entonces JabaROOT lanzó un mensaje en Telegram que lo cambia todo: preguntó públicamente quién estaría interesado en los «datos originales de Pegasus relacionados con Pedro Sánchez». Es importante no perder la cabeza aquí. El grupo dice tener ese material. No lo ha publicado. No hay, por ahora, ninguna prueba de que exista. Pero la sola posibilidad de que esos archivos salgan a la luz, y que muestren no solo qué se robó, sino que esa información llegó a manos del Estado marroquí y fue usada como palanca de presión, convertiría una sospecha en una crisis institucional de primer orden.

El informe que complica la versión oficial
Mientras todo esto ocurre en el terreno digital, en el terreno físico ha pasado algo igual de relevante. Hace apenas unos días, Sánchez rechazó públicamente cualquier responsabilidad marroquí en la última crisis migratoria de Ceuta, apuntando en su lugar a campañas de desinformación vinculadas a Rusia, Israel y la extrema derecha.

El problema es que un informe elaborado por el CENIF —la unidad de inteligencia de la Policía Nacional especializada en fronteras— y remitido a la Audiencia Nacional cuenta una historia distinta. Según ese documento, agentes marroquíes habrían guiado a los migrantes hacia puntos concretos de la frontera mientras personas de paisano coordinaban la operación, en lo que la propia Policía interpreta como una maniobra deliberada vinculada a las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.

No es un tribunal certificando una orden directa de Rabat. Pero sí es un cuerpo policial español contradiciendo, con nombre y apellidos, la versión que el propio Gobierno defendía en público apenas 48 horas antes.

¿Qué hace ahora Moncloa?
Lo más probable es que el Ejecutivo no ataque frontalmente a la Policía, sería un error político mayúsculo desautorizar a sus propios especialistas justo después de que hayan trasladado sus conclusiones a una jueza, pero tampoco espero gestos diplomáticos duros contra Marruecos. Ya se intuye la estrategia: el ministro Marlaska ha pedido explicaciones no a Rabat, sino a la propia Dirección General de la Policía, sobre por qué esa información no llegó antes a Interior. Es una forma elegante de desplazar el foco: de «¿qué hizo Marruecos?» a «¿por qué no lo sabíamos?».

Es, probablemente, la opción menos costosa a corto plazo. España depende de Marruecos en demasiados frentes sensibles como para permitirse una ruptura. Pero tiene un precio: cuanto más se esfuerce el Gobierno en proteger esa relación incluso frente a los informes de sus propios servicios, más crecerá la sospecha sobre qué explica tanta cautela.

Al final, todo apunta al mismo lugar: si JabaROOT publica algún día esos supuestos archivos de Pegasus y resultan ser falsos, el Gobierno habrá esquivado una bala. Si son auténticos, esto deja de ser una sospecha razonable para convertirse en otra cosa completamente distinta.